De todos los termómetros que marcan la salud democrática de un país, la independencia del Poder Judicial respecto a los otros tres Poderes –Ejecutivo, Legislativo y Económico- es uno de los más sensibles, y también de los más frágiles. La presión sobre los jueces, cuando no la intervención directa vía obstrucción a conciencia o indultos selectivos (España, con 21 casos en este último año, es un buen ejemplo) resulta habitual en casi en todo el planeta. Y la Argentina no es la excepción. Ayer mismo, un juzgado de la provincia de Tucumán causó la indignación general –incluyendo a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que abogó por “democratizar” la Justicia- por absolver a todos los imputados en el secuestro de Marita Verón, una joven desaparecida en 2002 y, según todos los indicios, raptada por una red de trata de blancas. Por eso, es en el ring de la Justicia donde se está dirimiendo el último round de ya célebre Ley de Medios, una pelea encarnizada entre el Gobierno nacional y, básicamente, el Grupo Clarín.

Cristina Fernández de Kirchner y los integrantes de la Corte Suprema. Foto: CatamarcaYa.com

El lunes pasado, la Corte Suprema [el Tribunal Supremo] rechazó un pedido del Gobierno para dejar sin efecto una medida cautelar sancionada por un juez de la Cámara Civil y Comercial, que ha permitido al principal multimedia del país saltarse la fecha límite establecida por el Estado –el viernes pasado, el 7D– para aplicar una de las reglas que establece dicha ley. El rechazo puede verse como un acto de independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo, o de sumisión ante el poder económico de la otra parte implicada. Por el momento, ha servido para prolongar el golpe de efecto dado por Clarín dentro de esta prolongada guerra.

Pero a quienes no siguen el tema quizás les interese conocer todo lo que se esconde detrás de un combate que ha dividido las aguas del país. Aquí va un intento de aclaración.

– ¿De qué estamos hablando?

La “Ley de Medios”, en realidad Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue sancionada en 2009 con el objeto de «democratizar la comunicación y la palabra», y contempla, entre otras medidas, la desinversión de los grandes grupos de comunicación (es decir, la venta obligada de buena parte de sus licencias), así como la distribución del 33% de las frecuencias a medios zonales, locales, regionales, universitarios, cooperativas, y organizaciones sindicales y sin fines de lucro.
La norma sustituye y deroga la Ley de Radiodifusión 22.285, sancionada por decreto por la última dictadura militar, aunque también reformada una vez restaurada la democracia. Así, por ejemplo, en pleno auge del modelo neoliberal liderado por Carlos Menem se modificaron o quitaron artículos y se firmaron tratados que favorecieron el ingreso de capital extranjero y la conformación de grandes conglomerados de medios, así como la privatización de la mayoría de los canales de televisión, hasta ese momento estatales [1], y el ingreso de la televisión de pago (por cable).

Néstor Kirchner

Incluso en 2005, el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner, fallecido hace dos años, firmó el decreto 527/05, que permitió a los grupos mediáticos extender las licencias por diez años, y también la fusión de Multicanal y Cablevisión, dos de las operadoras más importantes de la televisión por cable, que quedaron en manos del Grupo Clarín.

– Si los Kirchner favorecieron a Clarín, ¿por qué se produjo el enfrentamiento?

El año 2008 resultó un punto de inflexión en las relaciones entre el Gobierno y los medios de comunicación. La disputa que enfrentó al Ejecutivo de Cristina Fernández con los grupos agropecuarios, conocido como el Conflicto con el Campo, dejó en evidencia una lucha de poderes que se plasmó en una creciente batalla entre el Gobierno y el grupo mediático más poderoso de la Argentina. A partir de allí, las distancias se fueron ampliando y comenzó una guerra sin cuartel.

– ¿Cómo se llega a la sanción de la actual Ley?

La nueva postura del Gobierno frente a los medios más poderosos aceleró un proceso que, en realidad, se había puesto en marcha a partir de la instalación de la democracia. Desde entonces, algunas organizaciones sindicales y sociales venían llevando a cabo una larga lucha con el fin de derogar la ley de la dictadura y sus posteriores enmiendas. El cambio de la situación se tradujo en la redacción de 21 puntos por el Derecho a la Comunicación, que fue el antecedente de la nueva norma. Por fin, en octubre de 2009, y luego de discutir con diferentes actores populares proyectos y anteproyectos por todo el país; y de la realización de diferentes marchas y actos de apoyo, se logró sancionar la Ley 26.522, actualmente en vigencia.

– ¿Pero la Ley está en vigor?

Sí, pero no se aplica en su totalidad. Por ejemplo, en la citada distribución del 33% de las licencias a los medios zonales, locales, cooperativas, universidades u organizaciones sin fines de lucro. Una de las razones de que esto no ocurra es que tanto el acceso a los pliegos para solicitar las frecuencias como la tecnología son demasiado caros para estos grupos de población, que no reciben ningún tipo de garantía económica. Este importante obstáculo ratifica que sin una distribución equitativa de la economía difícilmente podrá concretarse la «democratización de la información y la palabra» que pretende alcanzarse con la nueva disposición.
Pero tampoco, y volvemos a la “batalla”, en el tema de la desinversión de los grandes grupos mediáticos. La norma establece un límite de licencias de televisión abierta y de pago, así como de ocupación del espacio radioeléctrico para los grupos empresariales. Esto obliga a vender más de 300 medios de comunicación, de los cuales la mayoría pertenece a Clarín. Pero Clarín interpuso medidas cautelares por considerar inconstitucionales dos artículos de la Ley, los cuales señalan que: “A fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local se establecen limitaciones a la concentración de licencias”. Y el proceso se fue enredando en la maraña judicial.

– ¿Qué era y qué pasó por fin el 7D?

El 7 de diciembre fue la fecha que estableció la Corte Suprema como plazo de vencimiento de la medida cautelar y se constituyó en un día con un alto valor simbólico, tanto para los sectores de la sociedad afines al Gobierno como para quienes se posicionan en contra. Pero cuando caía la tarde del jueves 6, la Cámara Civil y Comercial Federal Nº1 decidió dar por ganada la pulseada al grupo mediático y extendió la medida cautelar, lo que valió la apelación del Gobierno rechazada el lunes por el máximo órgano judicial.
Al día siguiente, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, órgano encargado de hacer cumplir la Ley, informó que 19 de los 20 grupos de comunicación que hay en el país habían presentado su plan de desinversión. El Grupo Clarín fue el único que no lo hizo.

Ahora, y más aun después de lo ocurrido ayer en Tucumán y las últimas declaraciones de la Presidenta de la Nación, todas las miradas se han vuelto a centrar en la Justicia y su capacidad para ser independiente, de unos y de otros. Mientras tanto, el fin de los monopolios comunicacionales en Argentina y el gran triunfo del Gobierno sobre su principal adversario político deberán esperar. Habrá que ir buscando una nueva fecha.