Hoy, lunes 28 de enero, no será un día cualquiera en Brasil. Porque hoy se reinicia el juicio por la matanza de 111 presos en el presidio de Carandirú, ocurrida hace más de 20 años y considerada como la violación de derechos humanos más grande conocida en la historia del país. 79 policías que aún continúan inculpados pasarán por el juzgado, mientras los familiares de las víctimas esperan con ansias que finalmente se haga justicia.
LOS HECHOS
El 2 de octubre de 1992, dos grupos rivales liderados por los internos Coelho y Barba iniciaron una trifulca en el Pabellón 6 de Carandirú. Ubicada en el barrio de Santana, en la zona norte de São Paulo, esta cárcel era la mayor de Latinoamérica, y donde se alojaban en ese momento cerca de 8.000 reclusos (la capacidad del centro penitenciario era para menos de 4.000). Las acciones violentas se propagaron por toda la prisión, especialmente en el Pabellón 9 y la revuelta duró tres horas.
Fue entonces cuando la Policía Militar paulista, subordinada al Gobernador Luis Antonio Fleury Filho y compuesto por cerca de 340 policias, invadió el Pabellón 9 para contener la rebelión. Lo comandaba el coronel Ubiratan Guimaraes. Todo hacía suponer que con la incursión de los cuerpos policiales los más de 2.000 amotinados resultarían dominados. Sin embargo, cuando los batallones de choque ingresaron a la segunda planta, donde se encontraba el foco de la revuelta, comenzaron a ejecutar a los reclusos a quemarropa, con un ensañamiento sin igual. Armados con revólveres, escopetas y hasta ametralladoras, los uniformados transformaron la represión en un fusilamiento del que resultaron víctimas 111 presos, en tanto los policías no sufrieron ninguna baja.
LAS CONSECUENCIAS
La reacción inmediata del Gobernador fue obstaculizar la investigación e impedir el conteo de los cuerpos, o por lo menos retrasarlo. El objetivo era que los hechos no opacasen las elecciones que se realizarían al día siguiente y en las que aspiraba a un resultado favorable a su gobernación.
El juicio por lo sucedido tuvo un primer capítulo en junio de 2001. En esa instancia se responsabilizó al coronel Ubiratan Guimaraes de la masacre de 102 detenidos y de intento de asesinato de otros 5, condenándolo a 632 años de cárcel, aunque de acuerdo a la legislación brasileña, un detenido solo puede estar un máximo de 30 años en prisión. Pero apenas cumpliría 5. En febrero del año 2006, el coronel fue absuelto por el Tribunal de Justicia de São Paulo, debido a errores cometidos durante el proceso.
Como corolario, en una jugada de mal gusto y burlándose de lo sucedido, Guimaraes se presentó como candidato a diputado en representación del Partido Social Democrático con una boleta que llevaba el número 111, el número de victimas por el que había sido juzgado. Y para sorpresa de muchos, ganó.
Sin embargo, si bien por la impericia de quienes lo juzgaron y por lazos con el poder de turno el coronel logró escapar al brazo de la ley, no pudo hacerlo al de la venganza. El 10 de septiembre de 2006 fue encontrado muerto de un disparo en su apartamento. En el lugar no había signos de lucha, pero el coronel estaba tendido sin vida en el suelo.
La suya no fue la primera muerte violenta de una autoridad cercana al caso. Once meses antes, en octubre de 2005, José Pedrosa, director de la prisión en la época de los asesinatos, fue muerto en Taubaté, interior de Sao Paulo. El crimen fue adjudicado al Primer Comando de la Capital (PCC), uno de los principales grupos narcos del Brasil.
En el momento de la decisión que dejó en libertad a Guimaraes, ninguno de los militares envueltos en la represión habian sido juzgados, ni se habian peritado las 392 armas que intervinieron en la masacre. Los exámenes de balística eran un pedido de la defensa de los policías militares que estuvieron presentes en el lugar pero no participaron de la matanza y también del Ministerio Público. Más tarde, la Defensoria Pública del Estado informó que de los 64 procesos que pedían una indemnización para los familiares de las víctimas, solo 26 tuvieron orden de pago, pero tuvieron que esperar hasta 2011 para que fueran saldadas. El resto de los procesos espera aún sin fortuna. También quienes ocupaban los puestos de Gobernador y de Secretario de Seguridad del Estado el día de la matanza fueron sobreseídos.
LA HERENCIA
Los sucesos de Carandirú fueron popularmente conocidos gracias al film que dirigió Héctor Babenco basándose en el libro del Dr. Drazio Varella, quien trabajó catorce años en la cárcel. En tanto, el compositor Caetano Veloso relató la historia a través del tema musical Haití.
Carandirú fue demolida en septiembre de 2002 a través de una implosión controlada y transformada en un parque público, con zonas destinadas a la cultura. Sólo se mantuvo en pie un pabellón, para que la historia de la prisión no implosionase junto con el edificio. Los registros de la cárcel dejan constancia del paso por ella de cerca de 170.000 hombres a lo largo de los 46 años que permaneció abierta.
A partir de hoy aquellos sucesos de hace más de 20 años volverán a ver la luz, esperando que la Justicia finalmente ponga las cosas en su lugar.
Jorge Ricci