Diego Torres (ni el cantante, ni el periodista, sino el socio de Iñaki Urdangarin) declara en el juzgado y embadurna a medio mundo. Stop. Implica sin ambages a la Infanta Cristina. Stop. Implica sin miramientos al secretario privado de ambas infantas. Stop. E implica de manera indirecta a toda la Casa Real al decir que su socio gestionó en el mismo Palacio de la Zarzuela alguno de sus negocios. Stop. Diego Torres (el «socio») es sin lugar a dudas un delincuente, un estafador, un corruptor, y por lo tanto un corrupto. Stop. Eso está claro. Lo que cada vez resulta más dificil es establecer el domicilio legal del rey de los corruptos de este país. ¿O no es tan complicado?