Oficina del Registro de la propiedad de Guadix, Granada

Valgan antes de entrar en materia, una materia que prometo será jugosa, algunas pequeñas aclaraciones para quienes no sepan de qué va este artículo.

1) En España, un Registro de la Propiedad es en esencia un Registro Civil, oficial, donde se deben inscribir básicamente todas las cuestiones inherente a los bienes inmuebles: compras, ventas, hipotecas, etc.

2) El encargado de dicha oficina es un Registrador: «un empleado público independiente que ejerce como función básica la calificación de los títulos presentados a un Registro de la Propiedad, inscribiéndolos si fuera procedente o denegando o suspendiendo la registración si no estuvieran arreglados a Derecho» (Roca Sastre).

3) El acceso al puesto de Registrador se hace a través de oposiciones (exámenes oficiales), muy duras en este caso. Pero el premio compensa: el sueldo base promedio de un Registrador ronda los 100.000 euros anuales. Y de esa cifra para arriba, dependiendo del ámbito geográfico donde trabaje.

4) España está dividida en Distritos Hipotecarios, y en cada uno hay uno o más Registros de la Propiedad, dependiendo del tamaño y volumen de población del distrito. Y cada Registro tiene su Registrador.

Enrique Rajoy Brey

Vale. ¿Y a qué viene todo esto? Pues que el negocio registral español está viviendo algunos cambios sugerentes, promovidos por un lobby muy activo, cuyas cabezas visibles son los directores de la Dirección General de los Registros y el Notariado, ambos propuestos en su día por el registrador Enrique Rajoy Brey, hermano del Presidente del Gobierno, según cuenta la revista Atlántica XXII.

El primero es la puesta en marcha de la Ley de Reforma de los Registros, que el Consejo de Ministros aprobará en breve. La nueva norma prevé, entre otras cuestiones, entregar la gestión de todos los registros, incluido el Civil, a los registradores de la propiedad, algo que si bien puede incrementar los ingresos de aquellos con oficinas mejor montadas, también podría perjudicar al resto, tal como puede leerse en este artículo.

El segundo, el aumento de los aranceles a pagar por los usuarios en cada trámite que vayan a realizar.

El tercero es bien reciente. Se trata de la supresión acelerada y sin consulta previa de 55 Registros de la Propiedad en diferentes puntos del territorio. La medida fue publicada en el BOE el pasado día 16 de febrero. Allí se explica que en el año 2007 fueron creados una serie de Registros de los cuales hoy una tercera parte no tiene titular (es decir, que el 66% sí), y que en la actual crisis económica su vigencia no tiene sentido. En su día, la multiplicación de oficinas tuvo por objeto atender la demanda ante la creciente actividad inmobiliaria, pero también para evitar ganancias excesivas por parte de los registradores existentes.

Hasta aquí todo parece más o menos correcto. Pero hay dos casos de los 55 Registros suprimidos que llaman la atención. El de Avilés, que es donde tiene su puesto de trabajo el subdirector de Registros del Ministerio de Justicia, el mismo de donde emana la orden.

Mariano Rajoy

El otro caso llamativo está en Santa Pola, Alicante. Allí, hasta hace dos semanas funcionaban dos Registros. A partir de ahora habrá uno solo encargado de todos los trámites registrales de la población. Su titular se llama Mariano Rajoy y se encuentra en excedencia. ¿O quizás sigue trabajando?