Uno de los debates más comunes en estos agitados tiempos que vive la política española consiste en establecer el índice real de libertad democrática que posee la sociedad. No es fácil de medir, claro, porque los valores que lo conforman son poco o nada objetivables, pero la sensación que flota en el ambiente es que dicho índice tiende a disminuir según pasan los meses con una velocidad creciente y preocupante.

Para empezar, la libertad democrática no está compuesta por una única cualidad. Más bien al contrario, son muchas y tan diversas que abarcan desde la posibilidad que debería tener la ciudadanía de recibir información real y verídica antes, durante y después de un proceso eleccionario, hasta la capacidad de controlar a sus representantes e influenciar de manera directa en sus decisiones una vez elegidos.

¿Adónde quiero llegar con esto? ¿Por qué lo traigo a colación justamente hoy, 25N? Evidentemente, a las elecciones catalanas que concentran la atención política de España. Pero no tanto por los resultados, que condicionarán sin dudas las futuras relaciones entre la Moncloa y la Generalitat, sino por el exagerado nivel de manipulación al que han sido sometidos los votantes durante los últimos meses.

Lo ocurrido esta semana, con la filtración a la prensa de un supuesto informe surgido de una unidad policial, sin firma ni nadie que se haga cargo de él, que envuelve a Artur Mas y Jordi Pujol en la gigantesca trama de corrupción llamada Caso Palau, es un ejemplo notorio de eso que en la Argentina llaman “embarrar la cancha”, es decir, ensuciar en la medida que se pueda el terreno de juego, político en este caso.

Que la filtración haya salido a la luz en las páginas de El Mundo no debería sorprender a nadie, como tampoco que finalmente jamás pudiera comprobarse la verosimilitud del informe y de lo que allí se denuncia (por si alguien no lo sabe, allí se abre la posibilidad de que Mas y Pujol hubieran desviado a cuentas personales en Suiza parte de las comisiones derivadas del Caso Palau, destinadas a la financiación ilegal de su partido, CiU). En ese sentido, el periódico de Pedro J. Ramírez es especialista en propalar sospechas y denuncias sin comprobación de ningún tipo. Pero tampoco sorprendería lo contrario. Cataluña ha demostrado ser un nido de corrupción que nada tiene que envidiar a Valencia, Baleares o Murcia, y por lo tanto, el informe bien podría decir la más absoluta de las verdades.

Pero de lo que se trata es de apreciar el efecto que pueda producir en un electorado el boom de una sospecha de semejante calado a pocos días de emitir el voto. Como es sabido, en estas elecciones anticipadas no están en juego ni la victoria ni quién tomará el mando en la Comunidad, ya que CiU volverá a ganar con holgura, sino el margen de ventaja y la suma de sufragios “soberanistas” que permitan o no avanzar por el camino de la secesión de Cataluña respecto a España. Y en el intento de achicar estos márgenes se debe entender todo lo ocurrido en esta semana final de campaña: la filtración del informe, la presentación de la querella por parte de Mas y Pujol, la urgente aceptación a trámite por parte del fiscal jefe de los tribunales catalanes, la reprimenda por parte de su superior en Madrid; y por supuesto, el aprovechamiento de las circunstancias desde el resto de las formaciones políticas, especialmente el partido del Gobierno.

Si hilamos fino comprobaremos que los principales implicados e interesados en la trama, el PP y El Mundo, son los mismos que durante años intentaron demostrar que fue un acto de manipulación informativa lo que les privó del triunfo electoral en 2004, días después de los atentados del 11M en Madrid. Desde entonces, en Génova parecen especialmente preocupados por lo que sucede en los días previos a una consulta electoral que entienden de primer orden. Casualidad o no, en este caso son los agitadores del avispero para intentar un cambio de tendencia en relación a lo que señalan las encuestas en Cataluña.

Artur Mas

Artur Mas, por supuesto, ha puesto el grito en el cielo… pero no debería quejarse tanto, porque ya se sabe qué ley se le aplica a quien roba a un ladrón. Y sería un pecado mortal no recordar que la propia convocatoria anticipada es la cúspide de una gigantesca manipulación puesta en marcha antes de las generales del 20N pasado. Tal compendio de falacias, datos tergiversados, olvidos premeditados y oportuno jaleo de las históricas ansias de independencia de ciertos sectores de la sociedad catalana le permitieron a CiU, primero lograr unos resultados impensables hace un año, pese a la profundidad y dureza de los recortes presupuestarios realizados por la Generalitat. Y después desembocaron en la ya célebre concentración del 11 de septiembre, que puso la séptima marcha rumbo a estas elecciones de hoy, el referéndum y lo que quede por venir.

Así volvemos al principio. Hoy habrá dos tipos de personas que votarán a favor de las opciones soberanistas: quienes lo hagan porque realmente sienten que no pertenecen a España, y quienes hayan sido convencidos por el mecanismo publicitario de aquellos que quieren acumular más poder desde la poltrona de un Estado libre, sin rendir cuentas a nadie. No hay mucho que objetar en el primer caso. Pero los otros, los “neoindependentistas”, ¿de verdad cuentan con la información verídica y suficiente para saber si las razones esgrimidas para apurar una separación de España son tal como se las dicen?

Y del otro lado, los que hayan decidido cambiar su voto a última hora por las sospechas de corrupción de Mas y Pujol, ¿pueden fiarse de un informe que ni siquiera se sabe quién ordenó?

Para ser legítima antes que legal, genuina y efectiva, la libertad democrática debería iniciarse con la posibilidad de tener todas las cartas en la mano antes de saber a quién votar. Hoy, 25N, fecha de unas elecciones cruciales en Cataluña, esto no será así. Entonces, a partir de allí, ya sabremos cómo calificar la calidad de cualquier resultado que nos comuniquen esta noche.