Beatriz Talegón, dirigente del PSOE, llora al ser expulsada de la manifestación por la vivienda en Madrid.

Cuando la exasperación supera los límites de lo tolerable, las reacciones de la masa resultan difíciles de gobernar. Anoche en Madrid algunos participantes de la concentración convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca obligaron a Juan Fernando López Aguilar, ex ministro de Justicia del Gobierno de Zapatero, y a Beatriz Talegón, la joven militante del PSOE que en el transcurso de esta semana saltó del anonimato al estrellato en los medios, a abandonar la marcha, en ambos casos, escoltados por la Policía para evitar males mayores.

El hecho, debidamente jaleado por quienes estigmatizan a los movimientos sociales como “violentos” y “radicales” antisistema, es sin dudas un error en sí mismo. Los propios afectados reconocen que fue una minoría la que les increpó y que hubo incluso otros manifestantes que intentaron calmar a los más exaltados, aunque esto no alcanza para tapar el fallo: en condiciones normales, nadie debería arrogarse la autoridad para decidir quiénes tienen derecho a acompañar una protesta callejera, siempre que no se haga con ánimo provocativo. El problema es que no vivimos condiciones normales.

Y en la actual situación, el incidente es la demostración cabal de una realidad incontrastable: el límite de la paciencia de buena parte de la población está más que saturado, y hay demasiada gente que ya no puede soportar todo lo que huela a PP y PSOE, los partidos que condujeron a España a esta debacle y que cobijan en su seno las mayores bolsas de corrupción del país (en Cataluña es muy probable que CiU no tarde demasiado en sumarse a la lista de los defenestrados).

El bombardeo de noticias sobre fraudes de distinto pelaje, en el ámbito político, empresarial o en el de la Monarquía (ayer mismo, mientras a Talegón y López Aguilar les afeaban su presencia en la calle; Diego Torres, socio de Iñaki Urdangarín, implicaba aún más en el caso Noós a la Infanta Cristina, cuya no citación al menos como testigo en el juicio ya resulta a todas luces inexplicable), así como las tramas de espionaje incluso entre diferentes facciones de un mismo partido, y el empecinamiento de las estadísticas en negar la mejoría económica que el Gobierno augura, mantienen encendida la chispa de la beligerancia, y el fuego se enciende a la menor brisa.

El Gobierno de Mariano Rajoy parece haberse percatado de la que la cuerda ya no aguanta más tensión. El súbito cambio de decisión respecto a la admisión a trámite de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre el lacerante tema de la vivienda, las hipotecas impagadas y los desahucios es el primer síntoma de flaqueza demostrado en 14 meses de mandato. Pero tal vez esté llegando demasiado tarde.

Joan Rosell

En ese sentido, fueron significativas las palabras de Joan Rosell, presidente de la patronal CEOE, al referirse al deterioro de imagen sufrido por el país en estas semanas en las que la corrupción fue el tema asociado a la palabra España en el resto del mundo. El jefe de los empresarios ya ha dado muestras suficientes de que tiene pocos reparos para decir lo que piensa, le caiga mal a quien sea, y en esta ocasión su queja es un dardo directo a los lugares que son el epicentro de los negocios turbios, nada menos que la Casa del Rey y el partido en el Gobierno. Si fue una expresión puramente personal debió haberlo aclarado. Pero si habla en nombre del empresariado nacional no es buena señal para Moncloa saber que los dueños del dinero empiezan a sentirse incómodos con la falta de resolución de las sospechas de fraude en la sede de la calle Génova.

Es bien sabido que la táctica de Mariano Rajoy para resolver los problemas es dejarlos que discurran en el tiempo, para ganar los conflictos por decantación o cansancio. Pero no parece ser el caso. El entuerto Bárcenas genera nuevos episodios casi a diario: el último, la confirmación de que el ex tesorero siguió siendo empleado del PP hasta hace dos meses, o al menos, que el partido le seguía abonando la Seguridad Social, lo cual sería una ilegalidad si ya no existía vínculo laboral alguno. A esto se suma que la creencia generalizada es que queda mucha basura debajo de las alfombras del Poder, y en cualquier momento puede salir a la luz.

Por ejemplo, no sería difícil relacionar a los que donaron dinero a la caja B del PP con quienes fueron adjudicatarios de licitaciones, contratos o semejantes, para resolver la duda de si hubieron o no contraprestaciones.

Es norma que deba existir un corruptor para que alguien se corrompa, y si ese papel le cupo a lo más granado del empresariado nacional, no habrá desodorante ambiental que pueda tapar el olor a podredumbre en todas las organizaciones económicas y políticas del país. Es demasiada turbiedad como para dejar que la solucione el paso del tiempo, mal que le pese a Rajoy.

Y así volvemos al punto de partida. ¿Se le puede pedir calma y cabeza fría a una población que además de ver cómo son esquilmados sus derechos laborales, sociales y hasta civiles, comprueba semejante grado de descomposición ética y moral en sus dirigentes? ¿Es razonable exigirle a quien está en el paro, o le han reducido su salario, o le han aumentado sus horas de trabajo, subido sus impuestos y reducidos sus prestaciones sanitarias y educativas, que comparta tranquilamente una manifestación callejera con representantes de ese poder corrupto y voraz que expulsa cada día a miles de personas de los mercados laborales y de consumo?

Hay algunas cuestiones que están claras: la presión popular nacida el 15 de mayo de 2011 seguirá manteniendo –y quizás incrementando- su presencia en las calles. Más aun si detecta titubeos en el Poder. Hoy mismo habrá una Marea Blanca en apoyo a la Sanidad Pública, y el sábado que viene, aniversario del 23F, se prepara una gran marcha contra lo que se ha denominado “Golpe de Estado de los Mercados”. Es lícito que cualquier persona quiera apoyarla y acudir a estas concentraciones. Pero cada cual es rehén de sus acciones y también de su pasado. Entonces sería conveniente que aquellas personas que tengan o hayan tenido algún grado de responsabilidad –aunque sea subsidiaria- en la génesis o desarrollo de la crisis, o sean sospechosas de complicidad con la gigantesca estafa producida en este país, se abstuvieran de mezclarse con la multitud. Sobre todo, si su pretensión sincera es ponerse del lado de los movimientos populares.

Porque salvo que expresen de manera pública y directa su distanciamiento de las estructuras de Poder que han llevado a España a la actual situación, su presencia será malinterpretada, provocará altercados, y acabará alimentando a los sectores que demonizan a quienes manifiestan su descontento. Si no dan ese paso, su mejor manera de apoyar es quedarse en casa. Toda elección en la vida tiene un precio, y este es el que hoy se debe pagar por militar o haber militado en el bando de los corruptos y los estafadores, aunque individualmente no se pertenezca a estas categorías.

Y la verdad, tampoco deberían quejarse por recibir un par de gritos o de miradas agresivas. Comparado con el sufrimiento de parados, desahuciados o desasistidos, por el momento lo suyo les está saliendo casi regalado.